Investigadores de nuestra Escuela publican columna sobre la Aprobación del Parque Marino Archipiélago Juan Fernández

El equipo conformado por Claudio Villegas, Guillermo Brinck y Cristian Morales publicó este martes 23 de enero en la sección de opinión del diario digital El Mostrador (ver aquí) una columna que considera críticamente las condiciones de la aprobación de los Parques Marinos en Juan Fernández y el Cabo de Hornos. Reproducimos el texto para su conocimiento.

Aprobación del Parque Marino en Archipiélago Juan Fernández: sustentabilidad en la medida de lo posible

El Consejo de Ministros del actual Gobierno ha aprobado la creación de dos parques marinos que suman un total de 420.000 Km2. Uno de ellos está ubicado en el Cabo de Hornos y comprende una extensión de 140.000 Km2. El otro se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández y alcanza los 262.000 Km2, más 24.000 Km2 adicionales de área marina costera protegida de uso múltiple, la cual habilita la pesca artesanal con artes tradicionales exclusivamente a los pescadores fernandecianos. Esto tiene importantes consecuencias para la pesquería tradicional de langosta y el modo de vida que se ha desarrollado en torno a ella.

Si bien ya se celebra el hecho en el archipiélago, para una porción de los isleños ésta es una victoria agria. Por una parte, se trata de un avance en el camino de la conservación que la comunidad pesquera del lugar ha trazado desde sus inicios, autoimponiéndose a principios del siglo XX una serie de normas que han resultado muy beneficiosas para esta pesquería: la talla mínima de captura, la obligatoriedad de artes de pesca selectiva (la trampa langostera), la prohibición de pescar langosta por medio del buceo o la exigencia al Estado de una veda del recurso de casi seis meses. Medidas que han posibilitado la adecuada reproducción de la langosta bajo un régimen permanente de explotación artesanal.

Más aún, la creación de un sistema consuetudinario de administración y distribución de los caladeros históricos llamados “marcas”, asegura la sustentabilidad del recurso de forma eficiente, descentralizada y no coercitiva. Al mismo tiempo, el sistema de marcas reduce los conflictos entre equipos de pesca y distribuye de manera equitativa el acceso al recurso, teniendo cada caladero un propietario reconocido por el resto de los pescadores. A esto se suma la constante actualización voluntaria de sus propias normas, trabajando codo a codo con equipos científicos que analizan su funcionamiento. En ese sentido, al excluir a industriales y palangreros de una parte de la zona que circunda al Archipiélago y a las Islas Desventuradas (consideradas por los isleños como parte del territorio fernandeciano), el Estado ratifica y valida el camino que esta comunidad ha trazado.

Sin embargo, las características del parque efectivamente aprobado para el Archipiélago, es menor al comprometido inicialmente. Según anunciaba la Presidenta de la República Michelle Bachelet el primero de junio del 2017, el Parque Marino de Juan Fernández abarcaría una zona de más de 400.000 Km2. En una carta publicada el 15 de diciembre de 2017 en El Mostrador, las organizaciones de pescadores y el gremio de turismo en Juan Fernández, denunciaron el lobby realizado tanto por industriales como por la flota palangrera, cuyos intereses estarían siendo defendidos por Subpesca, organización que acusan de buscar reducir en un 80% el parque marino propuesto, además de querer limitar a 12 millas el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos. La decisión del Comité de Ministros no implementó esa modificación, pero aun así redujo el parque comprometido en más de 100.000 Km2. Como se dice, la vida es de dulce y agraz, y no es fácil saber cuándo se pierde o se gana.

Existe una serie de razones ecológicas por las que el parque solicitado era de 400.000 Km2, donde la principal es lo que en ecología se conoce como el efecto spillover (o colateral). Este concepto describe el proceso mediante el cual un ecosistema es afectado a causa de un cambio en un medio circundante. En el caso de Juan Fernández, con esta medida se intentaba evitar que las especies marinas endémicas del archipiélago, y sobre todo aquellas que son a la vez recursos preciados como la langosta, se viesen afectadas en su diversidad y biomasa por la migración de especies no endémicas, la que sería motivada por la destrucción del ecosistema marino que supone la pesca de arrastre. Al acercar la acción de la industria en forma legalizada, el efecto spillover se convierte en una amenaza latente que, como un efecto dominó, podría alterar la estructura y composición del sistema ecológico que los isleños han mantenido prácticamente intactos durante más de un siglo.

En este sentido, la decisión del Comité de Ministros supone una doble pérdida: no sólo se pierden kilómetros cuadrados de Parque Marino comprometido. Dado que la frontera entre el parque y la zona habilitada para la pesca industrial son contiguas, y que las especies marinas no hacen caso de los límites administrativos, la zona fronteriza submarina disminuye en la práctica el área protegida y beneficia a la pesca industrial, quien, por otra parte, se verá tentada a explotar este umbral donde abundan recursos provenientes del área protegida ejerciendo una presión negativa hacia el interior. Efectivamente, nadie sabe para quién trabaja. Pero este hecho irónico es también en sí mismo una comprobación de la racionalidad económica del sacrificio aparentemente lujoso que significa en un primer momento un Parque Marino.

En más de diez años de investigaciones, distintos académicos y nuestro equipo de investigación han verificado la hipótesis de que los distintos arreglos y prácticas de la comunidad pesquera fernandeciana lograron solucionar lo que en la literatura se conoce como “La tragedia de los comunes”, es decir, aquel proceso en el que, existiendo un conjunto de recursos sin propietario o control estatal (como los caladeros), y por tanto sin mecanismos de coerción o vigilancia, quienes los explotan terminan por llevarlos al agotamiento. En ese sentido, el sistema de pesca isleño es tan único como el ecosistema del que se nutre, puesto que utiliza la inteligencia colectiva y la experiencia insular para lograr aquello que ni siquiera las áreas de manejo, promovidas por el Estado desde los años 90, han podido resolver: la explotación sustentable de los recursos marinos.

La solución es tan sofisticada como contra intuitiva. Al menos para los tiempos que corren en nuestro país. Gran parte de la sustentabilidad de esta pesquería se explica por una disposición grupal a renunciar a una porción de los recursos disponibles. Como ya hemos dicho, los pescadores renuncian a las langostas fuera de medida, a pescarlas mediante buceo y a trabajar en dicha pesquería durante seis meses, además de renunciar a pescar en las zonas que pertenecen por costumbre a otros pescadores. Esta renuncia es motivada por la creencia local de que estas prácticas permiten mantener el ecosistema para las próximas generaciones. Bajo la mirada isleña (acertada y contingente, según creemos), la amenaza que constituye el efecto spillover y la legitimación de la pesca industrial en el territorio que circunda el Archipiélago, supone la instalación de una nueva tragedia de los comunes, que no actúa directamente sobre el ecosistema del que se sienten parte, pero que amenaza su continuidad como efecto colateral.

Si esto llegase a suceder, el acervo de experiencias, conocimientos y prácticas isleñas, que como patrimonio inmaterial enseñan a pescar de forma responsable, sería despreciado para favorecer una industria que en todo el mundo se presenta como nociva. En ese sentido, el Estado chileno debería preguntarse si prefiere proteger los intereses de quienes jamás han velado por el bienestar de nuestros mares, o proteger una forma de vida cuya cotidianeidad camina hacia el futuro.